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PNV y CC salvan los Presupuestos, pese a que los critican con dureza

Los vascos califican de errática la política del Gobierno, y los canarios consideran el proyecto claramente mejorable

Sumaron sus votos a los del PSOE para rechazar las seis enmiendas a la totalidad a las cuentas del Estado

Autor:

Enrique Clemente | La Voz

Fecha de publicación:

22/10/2009

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Como estaba previsto, el apoyo del PNV y de Coalición Canaria permitió ayer al Gobierno tumbar las seis enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado presentadas por los grupos de derecha e izquierda en el Congreso y que estos prosiguieran su tramitación parlamentaria. Sin embargo, tanto el portavoz vasco como el canario también criticaron las propias cuentas públicas, como el día anterior hicieron los demás grupos. La vicepresidenta Elena Salgado señaló que existe poco margen para modificarlos a través de las enmiendas.

El vasco Pedro Aspiazu justificó el apoyo peneuvista por responsabilidad ante la grave situación económica, que «precisa de acuerdos políticos e institucionales que generen confianza y estabilidad», y por los positivos acuerdos alcanzados para la economía y el autogobierno del País Vasco. Es decir, el blindaje del concierto vasco, el abono de 450 millones a la Diputación Foral de Álava por el IVA y la transferencia de las políticas activas de empleo.

En todo caso, calificó de incoherente la gestión de la crisis por parte de Zapatero, que dijo que ha hecho de la improvisación su seña de identidad, criticó al Gobierno por no haber afrontado las reformas necesarias y tildó su política fiscal de errática. Asimismo, expresó su insatisfacción con los Presupuestos, que hablan de un «rápido reequilibrio de las finanzas públicas desde el 9,5% de déficit hasta el 3% en el año 2012, pero huye de presentar un escenario macroeconómico que permita valorar la coherencia de los deseos con las realidades». Y comparó a Zapatero con un piloto que ante «un camino virado y lleno de socavones» viaja «con las luces de posición o, a lo máximo, con las de cruce».

Fue más allá al criticar también el significativo descenso de partidas «claves para sentar las bases de la competitividad», como las inversiones en infraestructuras e I+D+i, y la incapacidad para abordar una «reforma real del gasto público». Por último, denunció las escasas inversiones estatales en el País Vasco.

El portavoz de Coalición Canaria, José Luis Perestelo, afirmó que los Presupuestos son «manifiestamente mejorables», pero justificó que sus dos votos favorables se hayan puesto «al servicio de la batalla contra el paro en Canarias», que está en el 26%. «Coalición Canaria ha combinado siempre la reivindicación nacionalista con el sentido de Estado», señaló. Canarias obtiene mil millones de las cuentas públicas y, además, el multimillonario plan de choque comprometido por el Gobierno, que supondrá una inversión de 25.000 millones en diez años, augura un apoyo estable al Gobierno que le asegure la mayoría junto al PNV.

Rajoy veta al candidato de Aguirre para Caja Madrid pero ella resiste

La batalla por la cuarta entidad reabre la guerra interna de poder en el PP

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 23/10/2009

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La batalla de Caja Madrid va a seguir, al menos de momento. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre se reunieron ayer para intentar buscar una solución, pero no hubo manera. En medio de una gran tensión, según fuentes del PP, Rajoy vetó abiertamente al candidato de Aguirre, Ignacio González, su mano derecha. González se enfrentó hace un año a Rajoy en un Comité Ejecutivo del PP, en el que él llegó a acusarle indirectamente de "caer en el relativismo, en el oportunismo cortoplacista y acomplejado, en el tacticismo" y desde entonces la enemistad del líder es manifiesta.

Primero lo echó como a los demás críticos del Comité Ejecutivo, donde colocó a otro aguirrista, Juan José Güemes, y ayer trató de desbancarlo de la carrera de Caja Madrid. Rajoy exigió a Aguirre que coloque en la presidencia a Rodrigo Rato, hasta ahora rival interno del líder, ya que su nombre siempre suena como relevo al frente del PP. Pero la presidenta, según diversas fuentes, no renunció a su candidato, por lo que el envite sigue, aunque ahora con todas las cartas encima de la mesa.

Esta vez no es una batallita más. Se trata de una guerra abierta para demostrar quién manda en el PP, analizan varios dirigentes. Y es aún más relevante por la entrada en liza tanto de La Moncloa como del Banco de España. En plena crisis económica, ambos están moviendo sus hilos, según diversas fuentes del PSOE y de la oposición, para evitar que la batalla política dentro del PP retrase lo que ya es urgente, esto es la elección de un sucesor para Miguel Blesa que se haga cargo cuanto antes del inevitable proceso de fusiones en el que deberá entrar próximamente Caja Madrid.

Rajoy, presionado así por el Gobierno -que no quiere a Rato y prefiere al que fuera su secretario de Estado Luis de Guindos, con perfil más técnico- por el Banco de España y por su partido, que espera de él un gesto de autoridad, necesita ganar esta partida para que su liderazgo no se vea definitivamente cuestionado, señalan diversos dirigentes.

Aguirre, dicen en su entorno, está dispuesta a aguantar el pulso porque considera que tiene todo el derecho, con su mayoría absoluta, a elegir al presidente de Caja Madrid. Además, apela a un pacto que ya tiene avanzado con socialistas madrileños, IU y los sindicatos. Es allí, en esos sectores, donde se debe arreglar, insisten los aguirristas, y no en la calle Génova. Mientras, los marianistas inciden en que González, un dirigente polémico, no puede presidir la caja porque el partido lo vería como una demostración de debilidad de Rajoy.

Otros dirigentes señalan que el líder se juega algo más: la imagen del PP como partido nacional. Si Caja Madrid tiene que comprar cajas en Castilla y León, Castilla-La Mancha o Galicia, por ejemplo, Rajoy debe demostrar que el PP, como partido, tiene mucho que decir, junto a La Moncloa y el Banco de España, en ese delicado proceso que afecta a otros gobiernos autonómicos. El líder no se puede permitir que el mundo económico piense que todo se decide desde una baronía tan enfrentada a Rajoy como la de Aguirre, analizan varios dirigentes.

Y mientras en los despachos no se lograba un acuerdo, en los micrófonos la tensión creció sin límite. "El PP no es un partido federal. Las decisiones importantes las toma la dirección general del partido, a las que yo siempre apoyo", abrió el fuego Gallardón. "Le tengo por un ilustre jurista, pero se equivoca de medio a medio. Lo que ha dicho el alcalde es manifiestamente ilegal y sería politizar la caja", remató Aguirre. La guerra sigue.

EL GOBIERNO APRUEBA HOY EL NUEVO FONDO DE 5000 MILLONES CONTRA LA CRISIS

PALOMA CERVILLA | MADRID

El Gobierno pone hoy en marcha el segundo gran plan de Zapatero para salir de la crisis, después del fracaso del Plan E -dotado con ocho mil millones de euros-, que no ha logrado contener las cifras de paro, pero sí ha regado España de carteles para intentar vender la idea de que el Ejecutivo hace algo para frenar el desempleo. Cuando el Consejo de Ministros apruebe hoy el Fondo Social para la Sostenibilidad y el Empleo, como así han confirmado a ABC fuentes solventes, se le abrirá a los ayuntamientos un grifo económico que, sin ninguna duda, aliviará la asfixia financiera que padecen, pero queda por ver si incrementará los empleos vinculados a la dependencia y a los proyectos relacionados con la economía sostenible como los tecnológicos y energías renovables, a los que va dirigido.

Guarderías y becas

Aunque la teoría que inspira el nuevo fondo -anunciado por Rodríguez Zapatero el pasado 9 de septiembre en el debate monográfico sobre la situación económica que se celebró en el Congreso- es la protección de los gastos sociales vinculados a los más «desprotegidos» (comedores escolares, guarderías o becas), como indicó Chaves en su día, la realidad es otra. Se trata de compensar a los Ayuntamientos ante la falta de un modelo de financiación local, que ha sido imposible cerrar junto a la autonómica. Esa es la gran verdad de este Fondo, y no otra.

La inyección económica es tan elevada que difícilmente ninguna formación política se opondrá en el Congreso a la convalidación del decreto ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros, y mucho menos la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente, el socialista Pedro Castro, ha encontrado un clavo ardiendo al que agarrarse para no exigir al Gobierno que cumpla su compromiso: la aprobación de un sistema de financiación local que clarifique las competencias de cada Administración pública y diseñe una fórmula de financiación de las mismas. Con ello se trataba de evitar que los ayuntamientos paguen servicios que no le corresponden y engorden una deuda que ya es insostenible.

Tan verdad es que con este fondo se trata de aliviar las arcas municipales, que el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha sido sensible a una situación que conoce bien y ha decidido subir del 15 al 20 por ciento, el porcentaje del fondo que se va a destinar a financiar el gasto corriente de los ayuntamientos vinculado al gasto social y a la dependencia. Este es el dato final que se ha introducido en el decreto ley que aprobará hoy el Gobierno, y que representan mil millones de euros, la misma cantidad que dejarán de recibir los ayuntamientos al descender su Participación en los Ingresos del Estado (PIE), al caer también la recaudación fiscal. Esta cifra es sensiblemente menor al 60 por ciento que había reclamado la FEMP. El porcentaje será difícil modificar, según las fuentes consultadas por ABC, ya que el decreto ley se convalida o no, aunque es posible presentar alguna enmienda dentro de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque sólo si el Gobierno cambia la cuantía, que no es lo previsible.

Colaboración bancaria

Este nuevo fondo entrará en vigor en enero de 2009, aunque en diciembre pueden comenzar a aprobarse los primeros proyectos. Queda todavía por definir la propuesta que lanzó el ministro Manuel Chaves de pedir la colaboración de los bancos y cajas de ahorro, para que adelanten el 20 por ciento del total del proyecto que, en el anterior Plan E, tenían que poner los ayuntamientos, mientras que el Estado entregaba el 70 en el momento de aprobar el proyecto. Ello aliviaría aún más la asfixia económica.